La normativa presenta una modificación en la actual cuenta y desde el oficialismo aseguran que con la misma se le podrá ganar a la inflación, equiparando la medida que se mantuvo desde 2008 hasta 2017.
En una jornada histórica en la que se comenzó la vacunación contra el coronavirus y donde además los ojos están puestos en el Senado por la votación sobre el proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), hay que sumar una nueva iniciativa de Frente de Todos al respecto de las jubilaciones que despertó un nuevo cruce y divisiones en la Cámara.
En un contexto donde el oficialismo cree contar con todos los votos, los representantes deberán presentarse desde las 11:00 y espera aprobar la iniciativa, para que rija desde el 1 de enero, y que tendrá una variación en la fórmula con la que los haberes jubilatorios, pensiones y asignaciones sufrirán una mejoría, según plantean los que impulsan la norma.
Esta nueva cifra saldrá de una combinación entre un 50% de la recaudación de la ANSeS y otro 50% sobre la variación salarial, surgida del porcentaje más alto entre el medido por el INDEC y el índice RIPTE que confecciona el Ministerio de Trabajo. Esta medida es similar a la que se estableció en 2008 en el primer Gobierno de Cristina Kirchner y que estuvo vigente hasta fines de 2017
Entre las principales dudas de Juntos por el Cambio, quién en 2017 llevó a delante la movilidad jubilatoria, es importante que esta cuenta tenga en cuenta la variación de precios como uno de sus componentes, lo cual ahora se dejó de lado. Sin embargo, el oficialismo remarca que en ese período de tiempo los jubilados perdieron un 19% de poder adquisitivo, mientras que con la anterior habían podido ganarle a la inflación en un 26%.
La medida recibió el miércoles pasado dictamen de mayoría con 42 firmas, mientras que Juntos por el Cambio suscribió su propio dictamen de rechazo, con 36 rúbricas, al tiempo que Nicolás del Caño, de la izquierda, firmó un despacho en soledad. La bancada del Frente de Todos logró sumar el apoyo de los opositores Paulo Cassinerio (Córdoba Federal), Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo y esperan que, de repetirse el apoyo, pueda convertirse en ley.
